El camino y los desafíos que ha impuesto el desarrollo de la institucionalidad ambiental

Evolución de instituciones

• Si bien en la Constitución de 1980 se establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el recurso de protección para cuando éste sea afectado, en 1994 se publicó la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, creándose la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Pero, en 2010, con la Ley 20.417, se configuró una nueva institucionalidad conformada por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En 2012 se sumó la creación de los Tribunales Ambientales.

Seguidilla de normativas

En el camino se ha ido sumando nueva legislación. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP) que data de 2016. Además, se publicó en 2020 la Ley de Humedales Urbanos y en 2022 la Ley Marco de Cambio Climático. Este año destacó la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), después de una tramitación de 13 años. Y, en agosto, se publicó la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente. A esto se suman otros hitos relevantes como la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Ajustes que asoman en el horizonte

En medio de diversos desafíos institucionales y normativos, en que el ingreso de un proyecto de ley para fortalecer la SMA sería inminente, la socia de Eelaw, Paulina Riquelme, apuntó a “la revisión de toda la normativa ambiental para efectos de reformar o derogar aquellos cuerpos normativos obsoletos”. Adicionalmente, indicó que sería conveniente examinar el sistema de nombramiento de ministros en los Tribunales Ambientales, buscando procesos atractivos y ágiles. Ignacio Urbina, socio del Estudio Fermandois, abordó la Ley de Delitos Económicos y el rol que jugará el Ministerio Público y los Tribunales Penales: “El desafío de coordinación institucional, para que no haya disparidad de criterios y deterioro de la certeza jurídica, será colosal y podría requerir de eventuales modificaciones legales”.

La gran deuda

• Aunque hay consenso en su necesidad, no se ha materializado una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instrumento destinado a la evaluación y predicción de los impactos ambientales que puedan generar proyectos y actividades. El anhelo suma dos intentos fallidos recientes. En 2018, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, presentó una reforma y un año después su sucesora, Carolina Schmidt, tramitó un nuevo texto. Ambos sin éxito. Por esto, el actual Gobierno busca ingresar una reforma en diciembre.